Potestad sancionadora de la Administración ante la Corte Suprema

Qué es la potestad sancionadora

La potestad sancionadora es la facultad de los órganos de la Administración para castigar infracciones a la normativa que fiscalizan, normalmente con multas, amonestaciones, clausuras o revocación de autorizaciones. La ejercen superintendencias, servicios y municipalidades, cada uno según su ley. Como no existe una ley general de sanciones administrativas, el procedimiento y la vía para impugnar la multa cambian de un organismo a otro, y la Ley 19.880 se aplica de forma supletoria.

Los datos muestran que un órgano domina esta jurisprudencia: la Superintendencia de Educación. La Ley 20.529 le permite sancionar a los sostenedores de establecimientos educacionales. Su artículo 73 enumera las sanciones, entre ellas multas que van de 1 a 1.000 UTM según la gravedad, y su artículo 85 regula la reclamación: el afectado puede reclamar ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días desde la notificación, y la sentencia de la Corte puede apelarse ante la Corte Suprema dentro de diez días hábiles. Otras sanciones se discuten mediante reclamos de ilegalidad, recursos de protección o juicios de lato conocimiento.

Cuántos fallos hay y cómo han evolucionado

Desde 2010 se registran 2.057 fallos. La serie crece de manera bastante sostenida: 42 en 2010, 101 en 2014, 148 en 2019 y 2020, y entre 164 y 186 al año entre 2022 y 2024. En 2025 hubo 170.

El dato más llamativo es 2026: con el año todavía incompleto, ya suma 222 fallos, el máximo de la serie. Si se compara 2010-2015 (399 fallos en seis años) con 2021-2025 (829 en cinco años), el volumen anual se ha más que duplicado.

Tasa de éxito y recursos utilizados

Hay 425 fallos favorables al recurrente y 1.462 desfavorables; 170 no pudieron clasificarse. La tasa de éxito es de 22,5%, algo más de uno de cada cinco.

La vía más frecuente es la apelación de reclamación, con 967 fallos y 22,5% favorable; aquí se concentran las apelaciones de reclamaciones como la del artículo 85 de la Ley 20.529. Luego vienen:

• Apelación de protección: 405 fallos, 25,4%.
• Casación en el fondo civil: 332 fallos, 22,8%.
• Apelación de reclamo de ilegalidad: 158 fallos, 14,2%.
• Casación en la forma y en el fondo: 85 fallos, 15,4%.
• Recurso de queja civil: 68 fallos, 36,5%.

La queja tiene la tasa más alta, aunque sobre pocos fallos; procede sólo frente a faltas o abusos graves en resoluciones no susceptibles de otro recurso, por lo que su universo es acotado.

Normas citadas y temas asociados

El artículo 19 de la Constitución es la norma más citada (338 fallos), seguido del artículo 85 de la Ley 20.529 (330) y su artículo 73 (273). El artículo 20 de la Constitución, sobre el recurso de protección, aparece en 252 fallos. Completan la lista los artículos 77 (196), 86 (163) y 76 (150) de la Ley 20.529, y el artículo 46 de un DFL 2 (186), que por los descriptores asociados pertenece a la legislación educacional. En conjunto, cinco de las ocho normas más citadas pertenecen a la Ley 20.529.

Entre los descriptores, los más frecuentes son «Reclamo de ilegalidad» (830), «Superintendencia de Educación» (750), «Multa» (447), «Sanción pecuniaria» (381), «Procedimiento administrativo sancionador» (377), «Recurso de reclamación» (372), «Legalidad de la sanción» (366) y «Ausencia de ilegalidad» (359). Que «Ausencia de ilegalidad» figure entre los primeros es coherente con la tasa de éxito: muchos fallos concluyen que la sanción se ajustó a derecho.

De qué cortes vienen los casos

La Corte de Apelaciones de Santiago origina 892 fallos, más del 40% del total, en parte porque varias superintendencias tienen su sede allí. Le siguen Concepción (194), Valparaíso (149), San Miguel (103) y, con 93 fallos cada una, Talca y Puerto Montt.

Qué significa en la práctica

Si recibiste una multa administrativa, los datos sugieren que la Corte Suprema revisa sobre todo la legalidad de la sanción: si el órgano tenía competencia, si respetó el procedimiento, si la infracción está tipificada y si la multa es proporcional. Cerca de ocho de cada diez fallos mantienen la sanción, por lo que conviene llegar a tribunales con un vicio concreto y bien documentado.

Lo primero es identificar cuál es la vía que establece la ley del organismo que te sancionó y su plazo, porque suelen ser breves (quince días en el caso de la Superintendencia de Educación). Antes de presentar cualquier reclamo administrativo, verifica cómo afecta al plazo judicial. Un abogado especializado en derecho administrativo puede revisar el expediente sancionatorio y decirte qué vía corresponde.

Metodología

Fuente: fallos de la Corte Suprema publicados por el Poder Judicial en su buscador de jurisprudencia, dictados desde 2010, cuyos descriptores oficiales incluyen «Potestad sancionadora». Cada cifra cuenta documentos (fallos), no causas: una misma causa puede generar más de un fallo.

• Se considera que el recurrente ganó cuando la Corte revoca, acoge o anula.
• Se considera que perdió cuando la Corte confirma, rechaza, declara inadmisible o desierto el recurso, o se tiene por desistido.
• La tasa de éxito se calcula como ganados / (ganados + perdidos); los fallos que no pudieron clasificarse quedan fuera, y las sentencias de reemplazo se excluyen.
• La corte de origen es la que dictó la resolución revisada, según la registra la fuente.

Las cifras describen lo publicado; no son una predicción para un caso concreto. Datos al 27 de octubre de 2026.

Fuentes

• Ley 20.529, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, artículos 73 y 85
• Constitución Política de la República, artículos 19 y 20
• Ley 19.880 sobre procedimiento administrativo
• Código Orgánico de Tribunales, artículo 545
• Datos del Poder Judicial (Nexulex)

Esta guía es información general y no reemplaza la asesoría de un abogado para tu caso.